AB Noticias – Tarija, 14 de mayo de 2026.- El sector del autotransporte de Tarija, a través de su máximo dirigente de la Federación «15 de Abril», Gabriel Pérez, ha emitido un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que proceda con la liberación de las carreteras mediante el uso de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. La solicitud surge tras siete días de bloqueos que mantienen paralizado al país y que están generando consecuencias críticas tanto económicas como humanas.
El ejecutivo denunció que el sector se encuentra «a merced» de grupos sociales con intereses políticos, cuyas medidas de presión han provocado pérdidas millonarias, afectando drásticamente el movimiento económico en la terminal de buses y el transporte de carga a nivel departamental y nacional. Pérez lamentó que estas acciones no solo perjudiquen la economía, sino que también atenten directamente contra la seguridad y el sustento de los transportistas varados.
«El Gobierno debe tomar acciones ya. No podemos permitir que el transporte siga paralizado; las pérdidas son millonarias y la situación es insostenible. Pedimos que se saquen a los militares para liberar las carreteras y permitir que el país vuelva a la normalidad», aseveró el dirigente.
Crisis humanitaria y daños materiales
La preocupación del sector se agrava ante las denuncias de violencia y el deterioro de la salud de quienes permanecen atrapados en las rutas. Pérez señaló que los transportistas han agotado sus recursos para alimentación y enfrentan un estrés constante debido a la incertidumbre y la intransigencia de los movilizados, quienes incluso habrían causado daños materiales a las unidades que intentan buscar rutas alternas.
Finalmente, el dirigente calificó de preocupante la falta de sensibilidad de los bloqueadores, haciendo referencia a los recientes fallecimientos de personas que no pudieron llegar a centros médicos. Ante este escenario, la Federación «15 de Abril» se mantiene en estado de alerta, exigiendo que el Estado garantice el derecho constitucional a la libre transitabilidad y proteja la vida de los ciudadanos afectados por el conflicto.