AB Noticias – Martes, 26 de mayo de 2026.- El Gobierno aclaró la metodología de la reducción del 50% en los salarios del presidente Rodrigo Paz Pereira y sus ministros, anunciada en los actos protocolares del 25 de mayo. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que la medida será aplicada de manera voluntaria, sin modificar las escalas salariales ni impactar en parlamentarios, viceministros o personal técnico del Estado.
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Espinoza detalló que los sueldos se cancelarán de forma normal y posteriormente las máximas autoridades del Ejecutivo devolverán la mitad de sus ingresos a un fondo común transparente, que financiará proyectos sociales en salud y educación. “Esto al ser voluntario y al hacerse sobre el salario percibido, no afecta las escalas salariales ni a otros niveles de gobierno”, puntualizó.
Con esta disposición, el salario del Presidente se fijará en Bs. 12.500, mientras que los ministros percibirán alrededor de Bs. 11.100 mensuales. El ahorro estimado será de 283.000 bolivianos al mes y 3,7 millones de bolivianos al año, durante los cinco años de gestión.
El ministro subrayó que la medida se ejecutará mediante resoluciones ministeriales y un decreto específico, garantizando transparencia y evitando la fuga de profesionales altamente calificados del aparato estatal. “Muchos viceministros tienen un perfil técnico indispensable para el Estado, por eso era fundamental que esta reducción no afecte a otros niveles”, añadió.
Respecto al alcance en gobiernos subnacionales, Espinoza recordó que las alcaldías y gobernaciones cuentan con autonomía de gestión de recursos, por lo que la medida no se aplicará en esas instancias. Además, adelantó que esta acción se complementará con un ajuste en el presupuesto reformulado para 2026, que proyecta una reducción de 1.200 millones de bolivianos en gasto corriente de empresas públicas.
Finalmente, el ministro sostuvo que la decisión presidencial constituye una señal de austeridad y compromiso social, en un contexto de tensión política y económica. “Los recursos se reasignarán con transparencia a proyectos de salud y educación, demostrando que el Gobierno busca aliviar la presión social sin afectar la institucionalidad ni la estabilidad técnica del Estado”, concluyó.